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D. Derechos culturales y derechos de los pueblos indígenas

1050. Como parte de los derechos económicos, sociales y culturales debe garantizarse el derecho a la identidad cultural, es decir, debe protegerse la cultura como forma de vida. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para proteger la identidad de las minorías, lo que incluye el derecho de los pueblos indígenas a emplear su propio idioma, el derecho a su libre determinación, el derecho a ser consultados respecto a las decisiones que pudieran afectarlos, el respeto de sus tradiciones y costumbres, y el derecho a la propiedad y posesión de sus tierras ancestrales, entre otros.

1051. El Estado ha informado a la Comisión que, de acuerdo con el último censo de población y vivienda realizado en el año 2001, en Venezuela existen 543.348 indígenas, lo que representa un 2.3% de la población general y que los pueblos indígenas están agrupados en 613 comunidades. No obstante, recientemente el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas llegó a identificar 2.856 comunidades en todo el territorio venezolano, y más de 800.000 indígenas de diferentes pueblos. Según el Estado, estas cifras son producto del proceso de identificación y dignificación de los pueblos indígenas y deberán ser validadas durante el próximo censo oficial del país[923]. A su vez, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas promulgada en el año 2005, registra 40 pueblos indígenas[924].

1052. En cuanto al marco jurídico de protección de los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución de Venezuela contiene un capítulo con normas entre las cuales se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida (artículo 119); el derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto (artículo 122); el derecho de los pueblos indígenas a mantener y promover sus propias prácticas económicas así como también sus actividades productivas tradicionales, a su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades (artículo 123); y el derecho de los pueblos indígenas a la participación política, a la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena (artículo 125).

1053. El Estado destaca también que, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas[925], los pueblos indígenas en Venezuela tienen garantizada la posibilidad de establecer sus autoridades legítimas con su propia organización social y política así como el derecho a la participación y al protagonismo político. Además de esta norma, la Comisión nota que el Estado ha emitido varias leyes con el objeto de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela, como son: la Ley de Demarcación y Garantías de Hábitats y Tierras Indígenas[926], la Ley de Idiomas Indígenas[927] y la Ley de Preservación, Rescate y Difusión del patrimonio Cultural Indígena[928].


1. El derecho a las tierras ancestrales y a los recursos culturales

1054. Como ha señalado esta Comisión, un aspecto de importancia fundamental para los pueblos indígenas y el goce de sus derechos es su vínculo con la tierra y con los recursos naturales. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha señalado que

la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural[929].

1055. Con relación al derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, la Constitución venezolana establece, en su artículo 119, la obligación del Estado, con la participación de los pueblos indígenas, de demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, y aclara que estas tierras serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

1056. Respecto de los recursos naturales, el artículo 120 de la Constitución señala que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Añade que los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta Constitución y a la ley.

1057. El Estado afirmó a la Comisión que adopta lo establecido en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también lo señalado en los artículos 11 al 19 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, con el fin de respetar la integridad cultural, social y económica de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la consulta y previa aprobación de los proyectos a desarrollarse en las tierras y hábitats indígenas.

1058. Sobre este aspecto, la Comisión, preocupada por la explotación de los recursos naturales en las zonas habitadas por pueblos indígenas en Venezuela, celebró una audiencia con el fin de recabar información sobre cómo la minería tanto legal como ilegal afecta a grupos indígenas del sur de Venezuela, particularmente en relación con los efectos de la minería en los ríos y suelos, fuentes principales de subsistencia de los pueblos indígenas[930]. En dicha audiencia la Comisión fue informada de que los estados Bolívar y Amazonas, en el sur de Venezuela, son zonas ricas en minerales, y en varios de estos sitios se habrían realizado concesiones a compañías mineras sin consultar a las comunidades indígenas que las habitan, a pesar del impacto ambiental que ello representa en su territorio. Además de las concesiones legales, se informó a la Comisión cómo la práctica de la minería ilegal continúa atentando contra la supervivencia de los pueblos indígenas. En dicha oportunidad, la Comisión recordó al Estado su obligación de garantizar la consulta y participación de los pueblos indígenas en la determinación de cualquier medida que afecte sus territorios.

1059. No obstante, según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad un número apreciable de comunidades continúan enfrentando y sufriendo intentos y hechos violatorios de derechos colectivos propios y exclusivos consagrados constitucionalmente y de manera especial en cuanto al reconocimiento de su existencia etnocultural y de la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales, necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. De hecho, este organismo ha observado que en Venezuela en el año 2008 "uno de los derechos menos respetados fue el derecho a la previa información, consulta y beneficios correspondientes al aprovechamiento de los recursos naturales en sus respectivas tierras y hábitat"[931]. Al respecto, la Defensoría se refiere a diversos casos de exploración y explotación de la actividad minera y maderera en los estados Bolívar y Zulia.

1060. Otro de los temas que ha causado profunda preocupación a la Comisión Interamericana es el relativo al retardo en la demarcación de las tierras ancestrales indígenas así como los conflictos generados entre indígenas y ganaderos debido a dicha falta de demarcación. La Comisión observa que, a pesar de lo establecido en el artículo 119 de la Constitución, así como en la Disposición Transitoria Decimosegunda de la Constitución[932], no se ha cumplido con la meta de concluir el proceso de demarcación del hábitat indígena hasta marzo del año 2002.

1061. Además de las normas constitucionales, la obligación del Estado de demarcar las tierras está contenida en diversas leyes de Venezuela. Así, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas aprobada el 27 de diciembre de 2005, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas "su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas", y obliga al Estado, a través de la Comisión Nacional de Demarcación y las Comisiones Regionales de Demarcación a financiar y llevar a cabo la demarcación de su hábitat y tierras. También el artículo 7 de la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, adoptada el 12 de enero de 2001, señala con claridad que el Estado es garante de la elaboración, administración, ejecución y financiamiento del proceso de demarcación.

1062. A pesar de ello, según información suministrada a PROVEA por parte del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación, desde el año 2005 hasta finales de 2008 se habían otorgado únicamente 34 títulos de propiedad, esto es, un 1,6% del total de comunidades habían sido beneficiadas del proceso de demarcación. De esta forma, la obligación del Estado de demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos indígenas es una materia pendiente en Venezuela, y la Comisión hace un llamado al Estado a adoptar las medidas necesarias para dar vigencia inmediata a las normas constitucionales e internacionales que consagran este derecho de los pueblos indígenas.

1063. La Comisión nota con suma preocupación que, como consecuencia de la falta de demarcación, han continuado en Venezuela graves conflictos vinculados con la propiedad de la tierra. Entre otros, la Comisión ha seguido con preocupación la situación de la comunidad Yukpa Chaktapa, ubicada en el Municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia. Esta comunidad se organizó desde el año 2004 para reclamar su territorio ancestral, y desde entonces sus líderes y sus miembros "han sido víctimas de un permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona, con el propósito de expulsarlos de las tierras ancestrales que han venido recuperando"[933]. Especialmente preocupante resulta la información según la cual los hacendados habrían recibido apoyo de los efectivos de la Guardia Nacional y del ejército para amedrentar a esta comunidad indígena.

1064. Según información de la Asociación Civil Homo Natura, algunos miembros de las comunidades Yukpa del río Yaza, ante la represión, se vieron obligados a huir a Caracas y a otras ciudades del centro del país, donde permanecieron durante años viviendo en la calle y vendiendo artesanías. A principios del año 2004, por orden de las Alcaldías de cada una de estas ciudades, cada miembro de la comunidad habría recibido Bs. 200.000 para que regresen a la Sierra de Perijá[934]. Esta situación resulta alarmante por sus implicaciones en los derechos de estas poblaciones indígenas, particularmente su derecho a la igualdad ante la ley y a la libre circulación de los miembros de esta comunidad indígena.

1065. La información disponible señala que la precaria situación de las comunidades indígenas Yukpa sigue intacta. En el año 2008, durante los meses de abril, mayo, junio y julio, las comunidades Chaktapa y Guamo nuevamente afirmaron haber sido víctimas de violencia verbal y física, incluyendo acciones represivas llevadas a cabo con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional, quienes habrían amedrentado a la comunidad con disparos al suelo, uso de gases lacrimógenos y amenazas de muerte, sin que los entes competentes del Estado hayan adoptado las medidas necesarias para proteger a la comunidad, para investigar los hechos, así como para llevar a cabo el proceso de demarcación de sus tierras[935].

1066. También la Defensoría del Pueblo destaca que en el último año la problemática de la tierra y el impacto de la exploración y explotación del carbón en las comunidades indígenas que viven en la Sierra de Perijá, se agudizó producto del retardo de la demarcación y titulación de las tierras y hábitat indígenas. Según señala este organismo, esta situación originó que las comunidades Yukpa de Koropo, Yushubrire, Chaktapa, Koruval y Shapta se enfrentaran con los dueños y obreros de las haciendas Campo Alegre, Tizina, Medellín, Brasil, Paja Chiquita, Gran Chaima y Maracay, ubicadas en la parroquia Libertad (Machiques de Perijá, estado Zulia). Se aclara que los líderes indígenas exigen la reivindicación de sus tierras ocupadas por los hacendados así como también poner fin a la explotación del carbón en la zona y la demarcación urgente de sus tierras[936].

1067. En sus observaciones al presente Informe, el Estado de Venezuela informó que la situación de violencia que se generó durante agosto de 2008 entre hacendados e indígenas Yukpa, en la Sierra de Perijá, del estado Zulia, desencadenó una serie de acciones para garantizar los derechos de esta comunidad, por parte de las diversas instancias del gobierno nacional. El Estado explicó que "producto de las necesidades presentes en la zona y de la solicitud de demarcación de tierras indígenas, se suscitaron acontecimientos violentos entre algunos representantes indígenas, campesinos, otras etnias (Wayuu) y ganaderos, quienes demuestran derechos dentro del polígono de la Autodemarcación propuesta por el pueblo Yukpa, situación esta que generó retardos e inconvenientes a la hora de reconocer los derechos que detenta la población en general y en especial los pueblos indígenas". El Estado afirmó que se abrieron las averiguaciones correspondientes en torno a las denuncias por la presunta presencia de sicarios en la zona, así como también respecto de las circunstancias que ocasionaron la muerte del anciano indígena de 109 años José Manuel Romero. Según informó el Estado, "la Asamblea Nacional conoció del caso, para buscar soluciones a través de la subcomisión de Participación, Garantías, Deberes y Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los representantes de la Defensoría del Pueblo, Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, quienes sostuvieron diversas reuniones, con representantes de la etnia Yukpa y con los dueños de fincas ubicadas en la zona, para tratar la problemática que se presentó en este territorio"[937].

1068. El Estado también informó que "el Ejecutivo Nacional adelantó el proceso de demarcación de tierras, principalmente en la Sierra de Perijá, a través de la realización de censos, investigaciones por hectáreas y mesas de trabajo. La Comisión de Demarcación realizó talleres de información, con el objeto de que los habitantes autóctonos conozcan lo que es el proceso de demarcación. Así mismo, diversas instancias del ejecutivo nacional buscaron puntos de encuentro para dar solución al conflicto en la zona". Agregó que "el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, desde noviembre de 2008 ejecuta el Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Edo. Zulia según gaceta oficial número 39.046, del 28 de octubre de 2008, bajo el decreto número 6.469, atendiendo directamente a los pueblos Yukpa, Barí y Japreria, los cuales constituyen patrimonio histórico-cultural venezolano y se han mantenido como vigilantes defensores del espacio fronterizo sur, con la República de Colombia". Informó que en dicho plan están involucrados ocho ministerios del Ejecutivo nacional, teniendo una inversión estimada para su ejecución de $ 109.510.453,48[938].

1069. En cuanto a la demarcación de las tierras, el Estado informó que este proceso se inició formalmente en noviembre de 2008, encontrándose actualmente en la etapa de presentación de informes técnicos (socioantropológicos, físico, natural y legal), según lo dispone la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, con un avance de sesenta por ciento (60%) para mayo de 2009. Según el Estado, este proceso ha sido consultado con las comunidades indígenas[939].

1070. El Estado también informó que el Ministerio Público inició las averiguaciones sobre las "presuntas amenazas de muerte, daños a la propiedad y lesiones, acaecidas en la comunidad Yukpa ubicada en la Sierra de Perijá del estado Zulia, el día 21 de Julio del 2008 [...] ocasionando esta situación enfrentamientos entre los grupos indígenas y los ganaderos de la zona". El Estado detalló a la CIDH el avance de las investigaciones y destacó que, de conformidad con la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, ha solicitado medidas de protección para dos caciques de la comunidad Yukpa, medidas que están siendo cumplidas por los cuerpos de seguridad del Estado[940].

1071. A la luz de lo anterior, la Comisión reitera al Estado su obligación de garantizar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en relación con todos los asuntos que les afecten, tomando en cuenta su especial vinculación con la tierra y los recursos naturales. La Comisión también enfatiza que el Estado debe adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento a su obligación de demarcar y delimitar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas venezolanos, estableciendo procedimientos adecuados y efectivos para tales actos, así como también de titular efectivamente las tierras a favor de los pueblos correspondientes. Además, la Comisión insta al Estado a investigar efectivamente los hechos de violencia suscitados a raíz de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas en Venezuela, a sancionar a los responsables, y a adoptar las medidas necesarias para proteger a la población de estos hechos.


2. Adaptación cultural de los derechos

1072. Los Estados deben asegurar que los pueblos indígenas gocen de los mismos derechos que el resto de la población, pero además deben adoptar medidas específicas destinadas a favorecer y mejorar el acceso de los pueblos indígenas a servicios como educación y salud, así como también deben garantizar que esos servicios sean además adecuados desde el punto de vista cultural[941].

1073. Al respecto, la Constitución venezolana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones (artículo 120), así como también garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una salud integral que considere sus prácticas y culturas y que reconozca su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos (artículo 122).

1074. Además del reconocimiento formal de estos derechos, el Estado informa que ha adoptado medidas específicas para hacerlos efectivos. Así, la información recibida señala que a través de la Misión Barrio Adentro III se están adaptando los servicios de salud para atender a pacientes indígenas y se han creado oficinas de salud indígena en las que se cuenta con facilitadores interculturales bilingües para disminuir barreras lingüísticas y culturales. En ese sentido, la Comisión valora que el Estado haya iniciado la implementación de las Oficinas de Salud Indígena en la red hospitalaria del país, procurando adaptar los servicios de salud pública a las necesidades específicas de la población indígena.

1075. En la misma línea, la Comisión reconoce los esfuerzos del Estado por implementar la educación intercultural bilingüe. La Comisión mira positivamente la aprobación, en el año 2008, de la Ley de Idiomas Indígenas[942] cuyo objeto es regular, promover y fortalecer el uso, revitalización, preservación, defensa y fomento de los idiomas indígenas, con base en el derecho originario de los pueblos y comunidades indígenas al empleo de sus idiomas como medio de comunicación y expresión cultural. De acuerdo a dicha legislación, el uso de los idiomas indígenas es obligatorio en el hábitat y tierras indígenas, así como en áreas habitadas por los pueblos indígenas, en los ámbitos educativo, laboral, institucional, administrativo, judicial, y por parte de los medios de comunicación del área. Más aún, la Ley resalta la obligatoriedad de los idiomas indígenas en todos los planteles educativos públicos y privados ubicados en el hábitat indígena.

1076. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo ha notado que, a pesar de los esfuerzos emprendidos por el Estado venezolano para mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas del país, en muchos aspectos no hubo avances significativos en la realización de sus derechos humanos, tanto colectivos como individuales. En su más reciente Informe Anual, la Defensoría del Pueblo afirma que los pueblos indígenas del país y buena parte de sus respectivas comunidades asentadas tradicionalmente en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, experimentaron en muchos casos un estancamiento o deterioro en los parámetros básicos de calidad de vida, especialmente en su derecho a la propiedad colectiva[943].

1077. La Comisión considera de extrema preocupación la información contenida en el Informe de la Defensoría correspondiente al año 2008 conforme a la cual entre el 11 de julio de 2007 y el 18 de enero de 2008, se registró la muerte de nueve niños Warao, de edades comprendidas entre 6 y 11 años, en las comunidades Mokoboina, Sacoinoco y Oribujo de la parroquia Manuel Renault (municipio Antonio Díaz, estado Delta Amacuro). Exámenes realizados a la población indígena de la zona, determinaron que el estado de deterioro nutricional, así como la falta de acceso al agua potable, fueron las causas de estas muertes[944].

1078. A juicio de la Comisión, la precaria situación de salud y alimentación que afectó a esta comunidad no está necesariamente desvinculada de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas a las que se hizo referencia anteriormente. A este respecto, la Corte Interamericana ha reconocido que

las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran están directamente vinculados con la obtención de alimento y el acceso a agua limpia[945].

1079. En ese sentido, la Comisión nota que, al no haberse hecho efectivo en Venezuela el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, se ha colocado a sus miembros en una situación de desprotección extrema, que ha implicado ya la muerte de varios de sus miembros por causas que habrían podido evitarse con alimentación adecuada y asistencia médica oportuna.

1080. Por lo anterior, la Comisión considera que el Estado no sólo debe continuar sus esfuerzos por garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población indígena en Venezuela a través de programas asistenciales con una visión cultural, sino que además debe adoptar medidas urgentes para garantizarles su acceso a la tierra y a los recursos naturales de los que dependen, para poder prevenir así que se sigan afectando otros de sus derechos, tales como su derecho a la salud y su derecho a la vida.

F. RECOMENDACIONES

1137. Para alcanzar una mejor protección de los derechos culturales de los pueblos indígenas, la Comisión recomienda:

1. Adoptar medidas urgentes para dar cumplimiento a la obligación del Estado de demarcar y delimitar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas venezolanos, estableciendo procedimientos adecuados y efectivos para tales actos, así como también para titular efectivamente las tierras a favor de los pueblos correspondientes.

2. Adoptar las medidas para prevenir los conflictos generados por la falta de demarcación de la tierra y proteger a la población de estos hechos.

3. Establecer mecanismos especiales rápidos y eficaces para solucionar los conflictos existentes sobre el dominio de las tierras, con miras a garantizar y dar certeza jurídica a las comunidades indígenas respecto del dominio de sus propiedades.

4. Investigar efectivamente los hechos de violencia suscitados a raíz de la falta de demarcación de las tierras ancestrales indígenas en Venezuela y sancionar debidamente a los responsables.

5. Garantizar, de conformidad con sus obligaciones internacionales sobre la materia, la participación de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas en los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales, mediante consultas previas e informadas con miras a la obtención del libre consentimiento de los mismos en el diseño, ejecución y evaluación de dichos proyectos, así como la determinación de los beneficios y la indemnización por los daños, según sus propias prioridades de desarrollo.

6. En el marco de los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales que se encuentran en curso, implementar mecanismos de participación a efectos de determinar los daños ambientales que se están causando y las afectaciones a las actividades básicas de subsistencia de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que viven en los lugares de ejecución de dichos proyectos. Esto con la finalidad de que, en caso de afectaciones a su vida y/o integridad personal, se suspenda inmediatamente la ejecución de los proyectos y se impongan las sanciones administrativas y penales correspondientes. En caso de dar continuidad a los proyectos, el Estado debe garantizar la participación de los afectados en los beneficios derivados de los mismos y determinar y hacer efectivas las indemnizaciones por tales daños.

7. Garantizar el acceso a un recurso judicial adecuado y efectivo para la impugnación de daños ambientales de manera colectiva para que, en adición a la acción penal, se disponga de un mecanismo de naturaleza judicial para obtener una respuesta inmediata en aquellas circunstancias en las cuales se están causando daños irreparables a grupos de personas.

8. Continuar los esfuerzos para que los derechos a la educación y la salud de los pueblos indígenas, sean compatibles con sus particularidades y cosmovisión, procuren el mantenimiento y fortalecimiento de su identidad cultural, y de ninguna forma impliquen una asimilación de los pueblos indígenas a la cultura no indígena.

http://http://www.politicaspublicas.net/panel/onudh/informes-ddhh/274-ddhh-ve/552-cidh-dh-venezuela-indigenas.html2009. CIDH. Situación de los derechos de los pueblos Indigenas en Venezuela

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