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La pobreza es causa y producto de las violacionesde los derechos humanos, por ello y por suextensión es que probablemente sea el másgrave de los problemas de derechos humanos enlas Américas. Hay una causalidad recíproca entre lapersistencia y acentuación de la pobreza y la violaciónde los derechos humanos.Las dimensiones y causas de la pobrezaLa pobreza es privación extrema de bienestar. Ser pobre es pasar hambre, carecer de vivienda y vestuario adecuados, estar enfermo y no recibir cuidados, ser analfabeta y no contar con servicios educativos.La situación de pobreza va más allá de la privación material en términos de un concepto apropiado de ingreso o consumo, comprendiendo también bajos logros en educación y salud, así como vulnerabilidad, exposición al riesgo, falta de equidad, de capacidad de expresar sus necesidades y carencia de poder para influenciar las decisiones que afectan su bienestar.La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos amplía esta noción, relacionando la pobreza con la falta de equidad, la mayor probabilidad de morir de enfermedades prevenibles y de tener una tasa más alta de mortalidad infantil. En su concepto, significa también mayor vulnerabilidad al delito y la violencia, acceso inadecuado o carencia de acceso a la justicia y los tribunales, así como la exclusión del proceso político y de la vida de la comunidad .La investigación sobre el concepto de pobreza realizada por IIDH revisó más de once fuentes entre organismos e investigadores, las que en general se refieren a los elementos de privación enumerados. Los conceptos revisados y las historias contadas tocan asuntos similares: Reiteradamente, los pobres mencionan la falta de oportunidades para generación de ingresos, los precarios nexos con los mercados y el fracaso de las instituciones estatales para responder a sus necesidades.Pero sus privaciones abarcan otras dimensiones, como las psicológicas, es decir, la impotencia, la falta de voz, la dependencia, la vergüenza y la humillación de la que son objeto las personas por su condición de pobreza. En síntesis, la gente que sufre la pobreza vive sin libertades fundamentales de acción y opción que los más aventajados en la sociedad dan por sentadas. En particular, es un resultado de la responsabilidad (accountability) y capacidad de respuesta de las instituciones estatales. Pero además, la explicación tiene otras facetas. La pobreza también está influenciada grandemente por prácticas, valores y normas que, dentro de la familia, las comunidades o el mercado, conducen a la exclusión de las mujeres, los grupos étnicos y raciales, o los que enfrentan desventajas sociales.Las estructuras sociales y las instituciones constituyen el marco en las que se producen las relaciones económicas y políticas, configurando muchas de las dinámicas que crean y sustentan la pobreza.La vulnerabilidad es el riesgo de que los hogares o individuos experimenten un episodio de pérdida de ingreso o mala salud, pero a su vez, la vulnerabilidad significa también la probabilidad de estar expuestos a un número de otros riesgos, como la violencia, el crimen, los efectos de desastres naturales o ser expulsados de la escuela.Asimismo, la condición de pobreza se ve reforzada por los fenómenos de exclusión social y ampliación de las brechas de desigualdad. La discriminación contra las mujeres, las minorías étnicas y otros grupos con discapacidades o desventajas acentúa las privaciones y erige barreras a la movilidad social, al arraigarse en normas sociales y valores ancestrales.Pero también hay inequidades a nivel regional y al interior de los países. En América Latina, los grupos indígenas reciben menos de las tres cuartas partes de la escolaridad que obtienen los grupos no indígenas, y las mujeres continúan en desventaja con respecto a los hombres. En Ecuador, por ejemplo, 75% de los hogares en el quintil más pobre carece de agua en tubería, comparado con el 12% entre el quintil más rico. En Bolivia, la mortalidad debajo de cinco años del 20% más pobre de la población supera en más de cuatro veces la del 20% más rico.En cuanto a las reformas económicas que se pusieron en práctica en América Latina desde finales de los noventa, se observa que sus efectos no beneficiaron a los pobres e incluso los volvieron perdedores, por cuanto no estuvieron ligadas a instituciones nacionales efectivas y, por ende, fracasaron en propiciar crecimiento y reducción de la pobreza, generando dislocaciones que afectaron principalmente a los grupos más vulnerables.Pobreza y derechos humanosLa pobreza es causa y producto de las violaciones de los derechos humanos, por ello y por su extensión es que probablemente sea el más grave de los problemas de derechos humanos en las Américas.Hay una causalidad recíproca entre la persistencia y acentuación de la pobreza y la violación de los derechos humanos. La pobreza es origen de violación, en cuanto es una condición, derivada de un proceso social, político y económico acumulativo, de carencias y desigualdades, que excluye a las personas extremadamente pobres del ejercicio real y efectivo del conjunto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al tener restringidas las libertades de acción y opción, los pobres no pueden gozar del nivel de vida que todos valoran y al que todos aspiran.Pero simultáneamente, la pobreza es expresión, efecto y resultado de estructuras que han vulnerado de manera crónica esos derechos, en la medida que los sistemas políticos y socioeconómicos han concentrado los beneficios del crecimiento y las políticas públicas y los recursos públicos han tendido a asignarse en mayor proporción a los más favorecidos, en vez de dedicarse a educación, salud, mejoramiento de tugurios precarios, desarrollo rural, acueductos, caminos, apoyo a fortalecer los mecanismos de participación de los pobres y a reducir los estigmas sociales que fomentan la discriminación.Desde esta perspectiva, la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de pobreza no es sólo preocupación de juristas y activistas de derechos humanos, sino de todo el cuerpo social como elemento esencial para erradicarla, beneficiando al conjunto de la sociedad con un clima más propicio para el crecimiento, la convivencia pacífica y la democracia.El enfoque de derechos humanosEsos esfuerzos de superación de la pobreza deben basarse en la voluntad política de gobiernos y élites económicas, así como en la aplicación efectiva de las normas y valores establecidos en la legislación internacional y constitucional sobre los derechos humanos. La pobreza y la exclusión social constituyen una violación de la dignidad humana, por lo que se debe dar prioridad a la adopción de medidas en los planos nacional e internacional para eliminarlas:a) Mediante estrategias y planes construidos con sensibilidad a las necesidades de las personas y colectividades más pobres, fundamentados en los principios del derecho de los derechos humanos.b) Dando cumplimiento a una obligación y no a la asistencia social o a la caridad. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales para proteger a las personas, a título individual y colectivo, frente a las acciones y omisiones que interfieran con sus derechos fundamentales, las prestaciones a las que pueden acceder y la dignidad humana. Este enfoque está basado en los tratados internacionales básicos en los que se definen estos derechos, en particular en el ámbito interamericano.c) Desde esta óptica, reconociendo que la persona pobre es actora legitimada y con poder para exigir la adopción de políticas que coadyuven a superar su condición, no simplemente por cuanto sufre de privaciones crónicas en sus libertades fundamentales y no logra satisfacer sus más elementales necesidades, sino porque tiene derechos y es titular de los mismos.d) Por el reconocimiento de que existen derechos jurídicos de las personas en situación de pobreza y correlativas obligaciones jurídicas de los Estados.e) Ampliando los mecanismos de responsabilidad. Si bien existe una obligación jurídicamente vinculante de establecer estos mecanismos, ellos no tienen que ser forzosamente los tribunales.De hecho se puede pensar en cuatro categorías de mecanismos de responsabilidad: i) el judicial; ii) el cuasijudicial; iii) el administrativo, y iv) el político.f) Considerando que los tratados de derechos humanos y su interpretación por los órganos internacionales brindan un marco explícito, claro, reconocido por todos los países y dotado de una fuerte legitimidad social y política, que indudablemente mejorará la eficacia de las estrategias de desarrollo.g) Recuperando el camino que el sistema interamericano de derechos humanos ha trazado con lineamientos para establecer normas sobre igualdad y no discriminación.A esto puede contribuir, y de hecho contribuye, la paulatina conformación de instancias estatales interiorizadas en el manejo de estos temas (oficinas y comisiones de derechos humanos, defensorías del pueblo y funcionarios especializados) que suele influir en algunos aspectos de la gestión pública. A veces, las decisiones adoptadas en un caso no se limitan a interpretar las normas de los tratados que rigen el sistema, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que imponen también a los Estados obligaciones de formular políticas para reparar la situación que da origen a la petición. Esas obligaciones pueden consistir en cambios de las políticas existentes, reformas legales y, muchas veces, en la modificación de ciertos patrones de comportamiento de algunas instituciones del Estado.Así, la Corte IDH ha establecido que es obligación de los Estados disponer mecanismos adecuados de participación y consulta de los pueblos indígenas respecto de aquellas decisiones que puedan incidir en el uso de sus recursos naturales o alterar de alguna manera sus territorios ancestrales. También sostuvo la Corte la obligación de los Estados de adoptar medidas positivas para garantizar que los miembros de las comunidades indígenas puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que incidan o puedan incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar en la dirección de los asuntos públicos de manera directa y proporcional a sus poblaciones, desde sus propias instituciones políticas y de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización.Extracto del texto Los Derechos Humanos desde la dimensión de la pobreza: una ruta por construir en el Sistema Interamericano. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica, 2007.Tomado de: http://www.iidh.ed.cr/
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