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Brasil: debe combatir las violaciones de derechos humanos del pasado para evitar que gocen de impunidad

 

Carlos F. Lusverti

 

Brasil, es una de las cuatro mayores economías emergentes junto con Rusia, India y China. Además mantiene un liderazgo regional importante no sólo en América del sur sino también a nivel continental, en buena medida a partir del crecimiento y desarrollo alcanzado en los últimos 10 años.

De 1964 a 1985 Brasil vivió un período conocido  como  “los años del plomo” caracterizado por graves violaciones de los derechos humanos tales como: tortura, ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada de personas durante este período. Finalizando la dictadura, una ley de amnistía de 1979, que progresivamente permitió la liberación de presos políticos y el regreso de otros que se encontraban exiliados; pero más
tarde permitió  que los perpetradores de esas graves violaciones a los derechos humanos gozaran de impunidad.

En una reciente sentencia, en el caso "Gomes Lund v. Brasil"
("Guerrilha do Araguaia") la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha reconocido una vez más que la interpretación de los obstáculos a la investigación, sanción y reparación de las graves violaciones de derechos humanos derivados de Ley de Amnistía no tienen efectos jurídicos, pues los mismos son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. En este caso la Corte sentenció
que Brasil es responsable por la tortura, ejecuciones arbitrarias y
desaparición forzada de 62 personas en la región de Araguaia entre 1972 y 1974, en consecuencia ordenó a Brasil investigar dichas violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables.

La CorteIDH  ha sostenido que los estados tienen el deber de
investigar y sancionar los graves violaciones a los derechos humanos aún cuando en este caso los mismos no han ocurrido bajo la vigencia de la Convención Americana sobre derechos humanos, los efectos de la impunidad ganada a la luz de la Ley se han proyectado en el tiempo. Así ha establecido que “los actos de carácter continuo o permanente se extienden durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa, manteniéndose su falta de conformidad con la obligación internacional.”

 

De igual modo consideró que es posible “analizar los supuestos hechos y omisiones del Estado ocurridos después de la referida fecha, los cuales se relacionan con la falta de investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables, inter alia, de las alegadas desapariciones forzadas y de la ejecución extrajudicial; la alegada falta de efectividad de los recursos judiciales de carácter civil a fin de obtener información sobre los hechos; las supuestas restricciones al derecho de acceso a la información, y el alegado sufrimiento de los familiares.” La sentencia ordena también a Brasil identificar los restos de los desaparecidos y entregarlos a sus familiares, tipificar el delito de desaparición forzada en el derecho interno, y capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad en el respeto a los derechos humanos, así como al Estado realizar un reconocimiento público de su responsabilidad  en todos estos abusos.

El rol que claramente aspira tener Brasil como potencia regional debe pasar por un liderazgo ético y comprometido con los valores de la democracia y el respeto a los derechos humanos, esta sentencia de la CorteIDH representa una oportunidad histórica para comenzar a consolidar esa clase de liderazgo respetuoso de los derechos humanos que debe ser impregnar al resto de los gobiernos de la región.

 

Más información
Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”)

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